"La Abogacía del Estado considera que lo ocurrido en Catalunya hasta declarar la independencia unilateralmente fue consitutivo de los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave, por los que pide penas que oscilan entre los 12 años de prisión y la multa para los 18 procesados. La mayor pena es para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, lo que contrasta con los 25 años de cárcel que pide para él la fiscalía. Le siguen cinco 'exconsellers' para los que los Servicios Jurídicos del Estado piden 11 años y medio."
La Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, finalmente descartará la acusación de rebelión por la que el magistrado Pablo Llarena procesó a 6 exmiembros del gobierno autonómico catalán –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Josep Rull-, a la presidenta del Parlament –Carme Forcadell– y a los líderes de las organizaciones separatistas Asamblea Nacional Catalana –Jordi Sánchez– y de Òmnium Cultural –Jordi Cuixart-, y la sustituirá por la del delito de sedición.
De este modo el Estado intenta remediar el desprestigio internacional de Pablo Llarena, que ya fue puesto en evidencia por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que descartó el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y lo dejaba en libertad, por considerar que la imputación del delito de rebelión era “inadmisible” “por motivos jurídicos” ya que “los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente” en ese País, al no cumplirse el requisito de la “violencia”.