La fiscalía belga ha rechazado la entrega de los exconsellers de la Generalitat Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret a la justicia española. Los tres exmiembros del Govern tenían este miércoles una vista sobre su entrega en la sede judicial de Bruselas. En la primera instancia ya ha sido tumbada su extradición a España.
“Hoy va a ser un buen día”, apuntaba esta mañana el abogado Gonzalo Boye, que defiende la causa de los exconsellers y Puigdemont que se enfrentar a euroórdenes de entrega.
De todos ellos, sólo Toni Comín mantiene su escaño en la cámara catalana y tiene permitido el voto delegado, algo que podría decaer ahora que tendrá libertad de movimiento. “Hoy ya es un gran día”, ha señalado después de la comparecencia de los políticos catalanes.
“Basta de abusar del derecho penal y del sistema europeo de euroórdenes de detención y entrega”, ha apuntado Toni Comín, que ha censurado la judicialización de la política. “El error es formal que tiene su origen en un problema de fondo. Han cambiado la imputación y el relato de los hechos entre la primera euroorden y la segunda”, ha asegurado el diputado independiente de ERC. “Las imputaciones de Llarena no son razonables ante la justicia europea”, ha añadido.
“Esperamos que esto ayude a los compañeros que han sido encarcelados en España y que ayude a Puigdemont en Alemania, Ponsatí en Escocia y a Marta Rovira en Suiza”, ha señalado Lluís Puig, que ha dicho que puede haber un efecto multiplicador porque la justicia europea es única.
Serret, por su parte, ha suscrito lo dicho por sus dos compañeros y ha hecho un llamamiento “a que se acabe la judicialización de la política y que se vuelva a la vía política y al diálogo y que haya entendimiento para resolver un problema real que hay en Catalunya”. “Que se soluciones de forma pacífica y política” la cuestión catalana.
Error de Llarena.
El error de Llarena detectado por las autoridades belgas fue no dictar una orden de detención en España contra los exconsellers cuando emitió la petición de extradición el pasado 23 de marzo. La normativa comunitaria obliga a que la euro–orden sea la traslación de una orden de detención nacional. Sin embargo, Llarena vinculó la euro–orden al auto de procesamiento en vez de a una orden de arresto nacional. La Fiscalía belga avisó a Llarena de este defecto en el intercambio de información que mantuvieron a lo largo del pasado mes de abril.
En un escrito al que ha tenido acceso este diario, la Fiscalía advirtió a Llarena de que su petición de extradición "no mencionaba ninguna orden de detención nacional". El magistrado respondió que "confirmaba" y mantenía la orden de detención nacional de la Audiencia Nacional de noviembre. La directiva marco sobre extradición obliga a que si los tribunales de un país reclaman a uno de sus ciudadanos a otro país europeo antes tienen que emitir una orden de detención o una sentencia condenatoria.
Info. La Vanguardia y Esdiario.
16 de Mayo. 2018.
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