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viernes, 9 de noviembre de 2018

Un año después la Audiencia de Barcelona critica que la actuación policial no fue proporcionada. Algo que todos ya sabíamos.

■La Audiencia de Barcelona ha reabierto la causa por las cargas de la Guardia Civilen Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) el 1-O, en un auto en el que critica que la actuación policial no fue "proporcionada", dado que iba destinada a impedir un referéndum que no tenía "consecuencias jurídicas, causando 14 heridos leves y uno que precisó tratamiento médico8".
En su auto, la sección quinta de la Audiencia de Barcelona estima los recursos presentados por los denunciantes y revoca la decisión del juez de Manresa que rechazó las diligencias de investigación que estos solicitaban, al considerar que los guardias civiles quedaban exculpados por la eximente de cumplimiento del deber al atenerse a la orden judicial de impedir el 1-O.(...)
La Audiencia sostiene en su auto que en la jornada del 1-O "hubo excesos policiales en algunos casos concretos", como "uso de porras o defensas golpeando a ciudadanos sin mediar agresión física previa y sin finalidad aparente", y no existió "proporcionalidad" entre los intereses a proteger y los que "se trata de salvaguardar con la actuación policial".■
Info. La Vanguardia 09. Nov. 2018.(resumen)


Se agradece que algún juez despertado a la evidencia. Han demorado un año para llegar a la misma conclusión que todos los que vivíamos en Barcelona y votamos ya sabíamos,  así lo escribí en mi blog el 1-O del 2017 y lo publiqué luego  en mi libro DEL PROCÉS a la República:
"Yo creo que hay 40 millones de españoles fuera de Catalunya también están manipulados. La vicepresidenta del gobierno a las 15 horas ha salido en TVE 1,  noticiero,  diciendo: no hay referéndum, esto se acabó. Yo voté a las 18 horas, miren cómo estaba el colegio Collaso y Gil,  de Sant Pau del Camp en el video que hice. 
Ha sido un día triste. 92 colegios cerrados. 800 personas  heridas, uno con pelota de goma que está prohibida en esta comunidad desde el 2014;  6 detenidos y 33 Guardia civiles y policía nacional, heridos,  y mucho enfado en la población.
¿Si era ilegal y no servía para nada, que miedo había en dejar votar a toda esta gente?¿Quién contesta esta pregunta en Moncloa?"


domingo, 4 de noviembre de 2018

Petición de penas para el Procés: Abogacía del Estado pide la mitad que la fiscalía.

"La Abogacía del Estado considera que lo ocurrido en Catalunya hasta declarar la independencia unilateralmente fue consitutivo de los delitos de sedición, malversación de caudales públicos y desobediencia grave, por los que pide penas que oscilan entre los 12 años de prisión y la multa para los 18 procesados. La mayor pena es para el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, lo que contrasta con los 25 años de cárcel que pide para él la fiscalía. Le siguen cinco 'exconsellers' para los que los Servicios Jurídicos del Estado piden 11 años y medio."


La Abogacía del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Justicia, finalmente descartará la acusación de rebelión por la que el magistrado Pablo Llarena procesó a 6 exmiembros del gobierno autonómico catalán –Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Dolors Bassa y Josep Rull-, a la presidenta del Parlament –Carme Forcadell– y a los líderes de las organizaciones separatistas Asamblea Nacional Catalana –Jordi Sánchez– y de Òmnium Cultural –Jordi Cuixart-, y la sustituirá por la del delito de sedición.


De este modo el Estado intenta remediar el desprestigio internacional de Pablo Llarena, que ya fue puesto en evidencia por la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein, que descartó el delito de rebelión en la petición de extradición a España del expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont y lo dejaba en libertad, por considerar que la imputación del delito de rebelión era “inadmisible” “por motivos jurídicos” ya que “los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente” en ese País, al no cumplirse el requisito de la “violencia”.