El Estado cubano ha aprobado varias leyes en los últimos años que regulan y penalizan la actividad en internet:
• Decreto-Ley 370 (2018). Conocido por opositores y organizaciones como Reporteros Sin Fronteras como una «ley mordaza», prohíbe difundir a través de redes públicas información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
• Decreto-Ley 35 (2021). Aprobado tras las protestas del 11 de julio de 2021, tipifica 17 «incidentes de ciberseguridad» con distintos niveles de peligrosidad. Según reportes de BBC News Mundo, penaliza la difusión de «noticias falsas», mensajes ofensivos, la «subversión social» y el llamado a manifestaciones. Además, autoriza a la empresa estatal Etecsa a suspender servicios, imponer multas y decomisar dispositivos.
• Código Penal (2022). Como informó La Vanguardia, esta reforma amplió los delitos vinculados a la actividad política en internet y endureció las penas de prisión para actos considerados contra la seguridad del Estado o el orden constitucional.
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