Los 12 acusados se sentaran en la 2da Sala del Supremo en Madrid por delitos de rebelión, de desobediencia o de malversación de caudales públicos.
Así los declaró el juez Pablo Llarena en un auto de 69 páginas fechado el 21 de marzo de 2018 —a partir del cual las tres acusaciones formularon luego sus propias peticiones—, basándose en antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.
Oriol Junqueras, entonces vicepresident y conseller de Economía de la Generalitat firmó el 6 de septiembre de 2017 el decreto que fijaba las "normas complementarias para la realización del referéndum de autodeterminación", con "consideraciones precisas" sobre censo, procedimiento de votación y escrutinio, entre otras cuestiones. Lo hizo poco después de que "la totalidad" del Ejecutivo catalán, "desatendiendo" al Tribunal Constitucional (TC), firmara el decreto de convocatoria de la consulta ilegal del 1-O.
Forn, el conseller de Interior fue nformado por los Mossos del "grave riesgo de incidentes violentos". Conocía la decisión judicial de prohibir la consulta, pero "prefirierió ordenar la continuación del proceso."
Turull, recoge el auto que impulsó la movilización independentista "desde sus funciones de portavoz" del Govern.
Romeva, por su parte, conseller de Asuntos Exteriores impulsó "la creación de las estructuras del Estado" y buscó "el reconocimiento de la república catalana en el extranjero" a través del consorcio Diplocat.
A Rull, el auto le destaca la "significada contribución al proceso" de Rull "desde que el 30 de marzo de 2015 firmó el acuerdo por la independencia con las entidades soberanistas" en representación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). A Dolors Basa. Dos días antes del 1-O, la consellera de Trabajo asumió "el control de todos los locales dependientes"de su departamento "para garantizar su puesta a disposición del referéndum y asegurar su éxito".
Jordi Sànchez y Jordi Cuixart
Los Jordis. Recuerda el auto del Supremo que ya en la Diada de 2016 los presidentes de las entidades soberanistas Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural"animaron" a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, "a mostrar desobediencia" si el TC "la sancionaba por permitir la votación parlamentaria que abría la puerta" al referéndum. Un año después, el 20 de septiembre de 2017, Sánchez y Cuixart "convocaron" y controlaron las movilizaciones ciudadanas contrarias a las detenciones y registros practicados por la Guardia Civil con los que se pretendía depurar responsabilidades e impedir la consulta.
De Carmen Forcadell se dice en el auto que Forcadell tuvo una "participación medular desde los primeros momentos del proceso de independencia como presidenta de la ANC". Ya como presidenta del Parlament, contravino "las reiteradas prohibiciones y requerimientos" del Constitucional al someter "a la decisión de los diputados la aprobación de la legislación" que servía "de coartada legitimadora al proceso".
Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santiago Vila
Como el resto de los integrantes del Govern, el 6 de septiembre de 2017 los consejeros de Gobernación, de Justicia y de Empresa firmaron el decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación "desatendiendo los requerimientos" del TC.
Las muertes de jueces del procés algo muy peculiar.
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona -quien hizo la mayoría diligencias clave contra el Procés del 1-O , Juan Antonio Ramírez Sunyer, murió el domingo 05 nov del 2018 a los 71 años. La causa de su muerte ha sido la enfermedad. Su capítulo no es aislado
Desde que empezó el procés han muerto también por enfermedad el fiscal general del Estado José Manuel Maza y el fiscal superior de Cataluña José María Romero de Tejada, dos figuras igualmente clave para el juicio.
Sunyer fue, quien ordenó el registro del Departamento de Economía aquel 20 de septiembre de 2017 por el cual Está absurdamente calificado de Rebelión el Procés.
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